Hoy en día los delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción y cibercrimen, son una constante amenaza para las empresas. En México, 67% de las empresas consideran que los controles implementados actualmente para mitigar los riesgos de los delitos financieros que pudieran presentarse son inadecuados o necesitan reajustarse, y únicamente 33% considera que son adecuados.
Por otro lado, el costo promedio del fraude alcanza 1,400,000 pesos por evento; no obstante, 8% de las empresas no pueden cuantificar la pérdida. Además, 72% considera que la corrupción en nuestro país representa costos para su negocio; 90% estima que el daño se encuentra entre 5% y 35% de las utilidades netas, y 7% considera que los costos ascienden a 50% o más de dichas utilidades, de acuerdo con el estudio El impacto de los delitos financieros. Prevención, detección y respuesta, realizado por KPMG en México, firma multidisciplinaria que provee servicios de auditoría, impuestos, legal y asesoría.
Esta edición de la encuesta sobre delitos financieros, KPMG muestra las respuestas de más de 200 directivos de distintas industrias, la mayoría de ellos a cargo de la Dirección de Finanzas o Cumplimiento, acerca de las técnicas de prevención de fraudes, el cumplimiento de las leyes para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como el impacto de la corrupción y los ciberataques. Incluso, se exploran las acciones para protegerse contra estafas relacionadas con Covid-19.
Al respecto Shelley M. Hayes, Socia Líder de Forensic de KPMG en México y Centroamérica, comenta: “En los últimos años, hemos observado avances en los esquemas de prevención y control de los delitos financieros; sin embargo, aún falta que las compañías maximicen sus esfuerzos para crear un sistema integral y eficiente que contemple prevención, detección y respuesta oportuna. Hay tareas pendientes en cuanto a la evaluación de los sistemas y políticas existentes, así como la inversión requerida y el uso de tecnologías para combatir los crímenes financieros”.
ESQUEMAS DE PREVENCIÓN
Únicamente el 42% de los encuestados afirman que su empresa cuenta con un programa integral de prevención de delitos financieros, que incluya programas, políticas, campañas y entrenamiento, 37% cuenta parcialmente con uno, mientras que 21% no tiene ningún programa. Por otro lado, destaca que más de la mitad de los directivos encuestados (67%) consideran que los controles implementados actualmente para mitigar los riesgos de delitos financieros no son adecuados o necesitan reajustarse.
“En una organización, el capital humano es a veces el eslabón más débil. No es posible corromper una computadora o programa, pero sí a una persona, y esto puede causar una ruptura en la cadena de controles implementados. Por este motivo, es importante que las empresas incorporen dentro de su estructura corporativa la figura de Oficial de Cumplimiento, que se encarga específicamente de la vigilancia activa de cumplimiento y la efectiva mitigación de riesgos dentro de la empresa; sin embargo, más de la mitad de los encuestados (52%) afirman que su empresa no cuenta con la figura de Oficial de Cumplimiento o alguna función similar”, sostiene Shelley.
LA EVOLUCIÓN DEL FRAUDE
El fraude sigue siendo uno de los delitos más frecuentes y que más profundamente daña a las empresas y a los individuos. Aunque las organizaciones han desarrollado mecanismos para denuncia y detección del fraude, entre otros controles, aún falta camino por recorrer:
• 17% de los directivos encuestados aún consideran que su empresa no está expuesta a riesgo de fraude.
• 46% de los encuestados estiman que la afectación económica o pérdida asciende hasta 500,000 pesos, mientras que 36% ubica el costo entre 500,001 pesos y 5 millones de pesos (mdp); 10% estima pérdidas por más de 5 mdp.
• En cuanto a la modalidad del fraude interno, la malversación de efectivo es la principal, con 58%, seguida por la malversación de activos como inventarios, con 42%, y el conflicto de interés, con 39%.
• Los sectores de transporte, salud, manufactura, hotelería y telecomunicaciones lideran el porcentaje de casos de malversación de efectivo, mientras que las industrias química y farmacéutica, electrónica, alimentos y automotriz están a la cabeza en casos de fraude por malversación de otros activos.
• En lo relativo a fraude externo, las mayores modalidades de fraude detectadas son las relacionadas con sobornos (43%) y documentación falsa (43%).
• Únicamente 41% de las empresas participantes cuentan con un programa integral de prevención, detección y respuesta ante los potenciales casos de fraude.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
A pesar de que en México existe la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-lavado), y que en esta se engloban 17 actividades vulnerables ante el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, más allá de las bancarias, muchas empresas obligadas consideran que PLD se trata de un “tema de bancos”, por lo cual todavía falta concientizar sobre la importancia de cumplir este marco normativo.
• Seis de cada diez directivos afirman que sus empresas están sujetas al cumplimiento de leyes nacionales e internacionales en materia de PLD/FT, y 31% de estas empresas no cuentan con sistema de PLD.
• Las empresas invierten en promedio 301,750 pesos anuales (aprox. 0.15% de las ventas) en sus programas de PLD/FT; sin embargo, 43% de las compañías invierten menos de 100,000 pesos anuales, y solo 8% invierte más de 700,000 pesos anuales, cifras considerablemente bajas, si se comparan con otros países como EE.UU. y con las multas que el regulador en México ha impuesto en materia de PLD/FT.
• En 55% de las organizaciones, los programas PLD/FT han sido sujetos a evaluación por parte de un auditor externo o interno independiente, además de autoridades, en los últimos 12 meses; sin embargo, 51% de los directivos afirman que los sistemas automatizados de monitoreo de PLD/FT no fueron sometidos a pruebas durante los últimos 12 meses, situación que refleja que las evaluaciones no se están ejecutando de manera integral.
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