El mapa del aborto en México refleja un escenario de claroscuros. Si bien la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo ha avanzado de manera significativa en los últimos años, el acceso real, libre y seguro continúa siendo desigual entre las distintas entidades del país.
Actualmente, 23 estados han despenalizado el aborto; sin embargo, en el resto del territorio nacional la práctica sigue tipificada como delito y sólo se permite bajo causales específicas como violación, riesgo para la salud de la madre o malformaciones graves del feto, pese a los precedentes establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Tlaxcala aún no han modificado su legislación local.
En este contexto, las redes de acompañamiento han adquirido un papel clave para garantizar abortos seguros, especialmente en entidades donde el respaldo institucional es limitado. Una de estas organizaciones es Telefem, que brinda consejería sobre aborto y vincula a las usuarias con profesionales de la salud, promoviendo procesos seguros avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Paula Rita Rivera Núñez, gerente de Operaciones de Telefem, señala al respecto “Las barreras persistentes que enfrentan muchas personas gestantes tienen que ver con la despenalización estatal y el acceso institucional, donde se perciben profundas desigualdades entre entidades federativas y sus implicaciones para el derecho a decidir.”
De acuerdo con datos de OBSERVAS, basados en el Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) de la Secretaría de Salud, durante 2024 se registraron 71 mil 989 atenciones por aborto en instituciones públicas del país, concentrándose más del 80 por ciento en la Ciudad de México. Esta cifra evidencia la centralización de los servicios y la falta de cobertura en otras regiones.
Las desigualdades estructurales también se reflejan en entidades como el Estado de México, donde, a pesar de las reformas constitucionales y resoluciones judiciales, persisten obstáculos como la negativa de proveedores, requisitos arbitrarios, estigmatización y prácticas discriminatorias. A nivel nacional, estados como Guerrero, Veracruz y Quintana Roo reportan avances, aunque la cobertura aún resulta insuficiente.
“En un esfuerzo por garantizar el acceso universal y la mejora de la calidad de los servicios de salud reproductiva y materna, incluido el aborto, hacemos un llamado a garantizar el derecho a decidir con equidad”, indica Paula Rita Rivera.
Para Telefem, estos datos confirman la urgencia de asegurar que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sea accesible en todas las entidades donde ya ha sido despenalizada, así como de fortalecer el acompañamiento emocional, psicológico y legal para las personas gestantes, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.
